El Reglamento Orgánico de Centros es la normativa con rango de Decreto que luego desarrolla una Orden que regula la mayoría de los aspectos de la vida de los centros: elección y nombramientos de cargos, distribución de funciones, asignación de tutorías, algunos aspectos horarios, regulación del Plan de Centro, obligaciones de tutores y tutoras, el papel de las madres y padres y de las asociaciones del alumnado, los departamentos y su regulación, así como el funcionamiento del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
En el momento presente todos los centros se regulan por el ROC aprobado en el Decreto 200/1997. Ahora bien, la Consejería de Educación ha elaborado el borrador de un nuevo Reglamento con la excusa de mejorar el ya existente que, a decir verdad, recoge aspectos que parecen justos y equitativos para la labor docente, pero lamentablemente, introduce algunas otras variantes que han provocado no poca controversia en los diferentes ámbitos educativos.
Entre las más acuciantes, como denuncian los sindicatos SADI, USTEA, CGT y PIENSA se encuentran:
1)El profesorado es atacado en sus derechos laborales y su labor como docentes.
2) Se promueven métodos de gestión privada en los centros educativos públicos dando vía libre a su municipalización
y con ello a su privatización, al tiempo que se abre la puerta a la financiación privada de los centros públicos y se favorece el clasismo según los entornos sociales.
3) Se establece un modelo jerárquico y autoritario de organización. La dirección del centro es considerada como la representación de la administración en los mismos y tiene unos poderes desmesurados:
- Puede sancionar directamente al profesorado, sin las garantías que hoy ofrece la apertura de un expediente. Entre los motivos de sanción se encuentran cosas tan ambiguas como “no cumplir el plan de centro”. En todo el proceso el instructor y juez único es La dirección.
- Elige los jefes o jefas de área (figura de nueva creación) y de departamentos, coordinaciones de ciclo y programas…. Es decir por ejemplo en un centro de 90 profesores/as , unos 26 nombramientos con reducción horaria, complementos económicos y cierto poder dependen de la voluntad de una persona, sin tener en cuenta a profesorado de esos departamentos, áreas o ciclos.
- Es quien propone de manera personalísima puestos de trabajo con perfiles específicos, lo que aumentará la inestabilidad de las plantillas de los centros.
- Gestiona cómo se cubren las bajas, dentro de un cupo, manifiestamente insuficiente, que la administración otorga a cada centro.
- Los órganos que van a preparar toda las propuestas de formación (que será obligatoria para el profesorado), la evaluación interna de la que dependerán las programaciones, las propuestas de innovación son elegidos por la dirección.
4) Se reducen las competencias del claustro solo a los asuntos referidos a la organización pedagógica del centro, y además están totalmente mediatizadas, porque los componente de todos los Órganos que tiene que elaborar propuestas para ser vistas en claustro, son elegidos por la dirección, con lo que la capacidad de libre decisión del Claustro quede muy disminuida.
5) Se incumple con la reivindicación de que todas las especialidades tengan su departamento y se abre la puerta a que algunos desaparezcan, o a un mercadeo en las reducciones horarias en unos cargos que son elegidos por la Dirección.
6) Se ignoran las problemáticas específicas de FP, así como en las EREs (Conservatorios de Música y Danza, Escuelas de Idioma, y Escuelas de Artes), a la vez que se toman medidas que suponen perdidas de derechos del profesorado y aumento del poder de La Dirección.
Tampoco se recogen las especificidades de la Educación de personas adultas
7) No se reconoce la libertad de cátedra.
Por otra parte en el susodicho borrador se multiplican las tareas burocráticas del profesorado en vez de potenciar que pueda volcarse en sus tareas pedagógicas.
